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Demanda de amparo interpuesta por la Universidad Nacional Federico Villareal contra la Municipalidad Metropolitana de Lima-Servicio de Administración Tributaria solicitando se dejen sin efecto varias resoluciones de cobranza coactiva por concepto de arbitrios. La demandante señala que se trata de una cobranza indebida pues cuenta con una inmunidad tributaria otorgada por la Constitución de 1979 y por la Ley 23733, Ley Universitaria. El Tribunal declara improcedente la demanda y desarrolla su jurisprudencia sobre la compatibilidad del régimen tributario alegado por la demandante con el nuevo régimen establecido bajo los alcances de la Constitución de 1993.
Extractos:
  • Interpretación hermeneutica: Criterio de temporalidad

    Universidad Nacional Federico Villareal

    Exp. Nº 08391-2006-PA/TC
    Interpretación hermeneutica: Criterio de temporalidad
    "La aplicación del criterio de temporalidad (lex posterior derogat legi anteriori) se encuentra reconocido en el artículo 103° de la Constitución Política y su aplicación trae como consecuencia el cese de la vigencia o derogación de la norma más antigua por la norma nueva. Como es evidente, el efecto derogatorio que despliega la implantación de un nuevo texto constitucional sólo alcanza a aquellas normas cuyo contenido sea contrario a lo que la Constitución dispone. Tal derogación es automática y se produce ex constitutione,sin necesidad de declaración alguna por parte del legislador o de algún Tribunal." (F. J. Nº. 10)
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    Criterio de temporalidad
  • Interpretación hermeneutica: Criterio de jerarquía

    Universidad Nacional Federico Villareal

    Exp. Nº 08391-2006-PA/TC
    Interpretación hermeneutica: Criterio de jerarquía
    "El criterio de jerarquía (lex superior derogat legi inferiori) se encuentra reconocido en el artículo 51° de la Constitución Política, el mismo que dispone que “[la] Constitución prevalece sobre toda norma de rango legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)”. Este artículo afirma los principios de supremacía constitucional que supone una normatividad supra –la Constitución- encargada de consignar la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de la sociedad política" (F. J. Nº. 12)
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    Criterio de jerarquía
  • Beneficios tributarios: Exoneración

    Universidad Nacional Federico Villareal

    Exp. Nº 08391-2006-PA/TC
    Beneficios tributarios: Exoneración

    "En este caso, tal y como lo ha señalado el Tribunal Fiscal en la Resolución N.º 559-4-97, “(…) el término "exoneración" se refiere a que, no obstante que la hipótesis de incidencia prevista legalmente se verifica en la realidad, es decir, que se produce el hecho imponible, éste por efectos de una norma legal no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, por razones de carácter objetivo o subjetivo”.

    Es decir, el contribuyente se libera de la obligación tributaria, a pesar que su actuar implicó la ocurrencia del hecho imponible y, como consecuencia lógica, en un principio debiera existir el deber de soportar la carga tributaria.

    Siguiendo esta línea, la doctrina considera que ¨(…) se ha producido el hecho imponible, naciendo, por tanto, el deber de realizar la prestación tributaria correspondiente. (…) libera precisamente el cumplimiento de esos deberes, y si libera o exime de ellos, es obvio que previamente han debido nacer¨". (F. J. Nº 27, inciso a.)

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    Exoneración
  • Beneficios tributarios: Inafectación

    Universidad Nacional Federico Villareal

    Exp. Nº 08391-2006-PA/TC
    Beneficios tributarios: Inafectación

    "Por otro lado, la inafectación implica la no sujeción de un determinado hecho a cargas tributarias. En ese sentido, jamás nació el hecho imponible, ni nunca ocurrió en el plano fáctico la hipótesis de incidencia. En la Resolución del Tribunal Fiscal a la que hacemos referencia en el literal anterior, se señaló respecto a ese tema lo siguiente: “(…) la "inafectación" se refiere a una situación que no ha sido comprendida dentro del campo de aplicación del tributo, es decir, que está fuera porque no corresponde a la descripción legal hipotética y abstracta del hecho concreto (…)”

    Así, resulta evidente la diferencia entre ambas figuras: "(...) en la exoneración se produce el hecho imponible, pero en virtud de una norma legal neutralizante no surge la obligación de pago, en la inafectación no nace la obligación tributaria ya que el hecho no se encuadra o no está comprendido en el supuesto establecido por la Ley como hecho generador¨". (F. J. Nº. 27, inciso b.)

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    Inafectación
  • Beneficios tributarios: Centros educativos

    Universidad Nacional Federico Villareal

    Exp. Nº 08391-2006-PA/TC
    Beneficios tributarios: Centros educativos
    "Así, resulta claro lo que implica el establecimiento de la inafectación tributaria contenida en el artículo 19º de la Constitución que, tal y como se aprecia del caso de autos, tiene como beneficiarios a centros educativos: Todos las acciones que esas entidades lleven a cabo, siempre que –en principio- sean propias de su finalidad educativa y cultural, no significarán bajo ningún supuesto la materialización de alguna hipótesis de incidencia sea cual fuera el impuesto al que correspondan. En consecuencia, debe entenderse que, de cumplirse los requisitos del artículo objeto de análisis, no existió, existe ni existirá obligación tributaria de pago respecto de impuestos que deba ser asumida por estos sujetos". (F.J. Nº. 28)
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    Centros educativos
  • Beneficios tributarios: Límites

    Universidad Nacional Federico Villareal

    Exp. Nº 08391-2006-PA/TC
    Beneficios tributarios: Límites

    "En adición a ello, es preciso tomar en cuenta que las justificaciones para el establecimiento de beneficios tributarios no implican su ejercicio irrestricto, pues considerando que constituyen un gasto público (puesto que son ingresos que el fisco deja de percibir) deben tener ciertos límites. En ese sentido, este Tribunal en la STC N.º 10138-2005-PC/TC, ha señalado la necesidad de límites para los beneficios tributarios, situación que puede extenderse al caso de inafectaciones por tener similares finalidades ¨(…)Si bien es cierto que generalmente los beneficios tributarios responden a políticas y objetivos concretos, justificando un trato excepcional a determinadas actividades o personas, las cuales, normalmente están obligadas a tributar; también lo es que el acto por el cual se otorga un beneficio tributario no es ni puede ser enteramente discrecional, ya que podría devenir en arbitrario. Es imperativo, entonces, que un acto de este tipo se realice no sólo con observancia de los demás principios constitucionales tributarios, sino también que revista las características de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Lo contrario podría llevar a supuestos de desigualdad injustificada, cuando no de discriminación, lo cual, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 2, inciso 2) está proscrito (cfr. STC 0042-2004-AI/TC fundamento 14(…)¨. (F. J. Nº 31)


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    Límites




	    
	
Nicolas de Bari Hermoza presenta demanda de amparo contra la SUNAT y contra las resoluciones del Tribunal Fiscal por multas y determinaciones emitidas por impuesto a la renta. Alega que dichas resoluciones vulneran sus derechos a la legalidad y al ne bis in idem. Señala que nunca fue propietario del dinero materia del tributo porque se trataron de fondos públicos restituidos al Estado tras una sanción penal. El Tribunal considera que es correcta la aplicación del artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta que hace el Tribunal Fiscal, pues no es función de la Administración Tributaria determinar las procedencia e ilicitud de las rebntas específicas, pues tal exigenia escapa a su competencia. De otro lado, señala que dicha determinación tampoco constituye una doble sanción, pues la naturaleza y los bienes jurídicos protegidos en instancia penal y administrativa son distintos que no resiste mayor análisis.
Extractos:
  • Impuesto a la Renta: Origen del incremento patrimonial

    Hermoza Ríos

    Exp. Nº 04382-2007-PA/TC
    Impuesto a la Renta: Origen del incremento patrimonial
    "A juicio del Tribunal Constitucional, para el artículo 52º antes mencionado no es relevante el origen –lícito o ilícito– del incremento patrimonial por tres razones fundamentalmente. Primero, porque de acuerdo con el artículo 74º de la Constitución no es función de la administración tributaria, ni tiene facultades para ello, determinar la procedencia lícita o ilícita de una renta específica; más aún sería absurdo y contraproducente pretender que se le exija a la administración tributaria, en casos como este, evaluar y determinar el título jurídico del incremento patrimonial.

    Segundo, que la administración tributaria tenga que verificar previamente si el incremento patrimonial no justificado proviene de rentas lícitas o ilícitas es una exigencia irrazonable que tornaría en inviable la realización de sus facultades tributarias. En tercer lugar, porque el impuesto a la renta grava hechos o actividades económicas, no las conductas de las personas en función de si estas son lícitas o ilícitas; de lo contrario, se establecería un antecedente negativo muy grave porque para que una persona se exima de sus obligaciones tributarias bastaría que ésta alegue la ilicitud de sus utilidades; lo cual quebraría el principio constitucional tributario de igualdad (artículo 74º de la Constitución) frente a aquellas personas que cumplen, de acuerdo a ley, con sus obligaciones tributar." (F. J. Nº 5-6)

    Ver extractos de este tema:
    Origen del incremento patrimonial
  • Impuesto a la Renta: Diferencia con una sanción

    Hermoza Ríos

    Exp. Nº 04382-2007-PA/TC
    Impuesto a la Renta: Diferencia con una sanción
    "[E]s obvio que la determinación del impuesto a la renta no constituye una sanción penal y porque la función de la administración tributaria no es imponer penas. Como tampoco por su propia naturaleza y por los bienes jurídicos que protege, el proceso penal no puede ser considerado equiparable al procedimiento de determinación tributaria. La obviedad de la sustancial diferencia entre ellos releva a este Colegiado de mayores consideraciones al respecto." (F. J. Nº. 11)

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    Diferencia con una sanción




	    
	
El recurrente solicita que se declare inaplicable los requerimientos de la Sunat que le exigen, entre otros detalles, informar sobre sus gastos personales en alimentación, diversión e información de las personas con quienes gasta. El Tribunal analizando los límites de la potestad tributaria establecida en la Constitución, determina cuales de todos ellos son desproporcionados a la luz de la finalidad tributaria prevista, y en consecuencia afectan el derecho a la intimidad del demandante.
Extractos:
  • Potestad tributaria: Funciones

    Vásquez Wong

    Exp. Nº 04168-2006-PA/TC
    Potestad tributaria: Funciones
    " [La] potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, es regulada en el Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante Decreto Supremo N.° 135-99-EF), que en su artículo 62 establece las facultades discrecionales concedidas a la Administración Tributaria a fin de que pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta actividad, normada por Ley, otorga gran amplitud de acción a la Administración, precisamente para combatir la evasión tributaria. Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio margen de actuación se encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motivación expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional". (F. J. Nº 6)

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    Funciones
  • Derecho a la vida privada: Privacidad económica

    Vásquez Wong

    Exp. Nº 04168-2006-PA/TC
    Derecho a la vida privada: Privacidad económica
    "[D]ebe recordarse que la intimidad es una manifestación de la vida privada, que tiene parte de su concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria (...)." (F. J. Nº. 11)
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    Privacidad económica
  • Derecho a la reserva tributaria: Contenido

    Vásquez Wong

    Exp. Nº 04168-2006-PA/TC
    Derecho a la reserva tributaria: Contenido
    "Como se aprecia, la finalidad de la Administración es clara cuando se trata de definir si se está o no frente a un desbalance patrimonial, lo que se configura como una finalidad legítima y concordante con las funciones de la SUNAT. Teniendo en cuenta ello, una de las variantes que tendrá que considerar la Administración es el gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá determinar si sus ingresos y sus egresos guardan relación y le otorga al demandante la posibilidad de presentar declaración jurada sobre tales gastos. Es importante indicar que todos estos datos estarán protegidos por la reserva tributaria, con lo que no podrá ser de conocimiento de terceros ajenos a la Administración Tributaria, resguardándose así el derecho a la intimidad.

    No obstante, resulta notorio que el punto ii) del fundamento 4, supra, referido al requerimiento hecho al actor de que identifique a la persona con la que viajó resulta, prima facie, desproporcionado, en la medida en que no aporta datos relevantes para determinar el desbalance patrimonial del actor, salvo que dicha persona sea dependiente económicamente de éste. En efecto, si bien la Administración goza de las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no implica que no tenga que motivar adecuadamente sus requerimientos, más aún cuando la información requerida no determina por sí misma una finalidad de relevancia tributaria evidente. Se pone de manifiesto entonces que la Administración no ha cumplido con sustentar adecuadamente tal requerimiento, por lo que, al no contarse con la fundamentación pertinente, tal solicitud deviene en arbitraria, afectándose con ello, sí, el derecho a la intimidad. Sin embargo esto no exime al actor de los otros requerimientos." (FF.JJ N° 13-14)
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    Contenido




	    
	
Los recurrentes cuestionan la constitucionalidad de las normas materia de análisis porque consideran que la transferencia al Estado de todos sus derechos y acciones que les corresponde ante las empresas concesionarias, vulneran su derecho a la propiedad. El Tribunal considera que resulta confiscatorio que el Estado se apropie del saldo positivo fruto de la recaudación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), así como de las ‘contribuciones reembolsables’, tomando parte de las riquezas de los particulares.
Extractos:
  • Propiedad: Contribuciones reembolsables

    Fonavi I

    Exp. Nº 00001-1999-PI/TC
    Propiedad: Contribuciones reembolsables
    "Conforme a lo sostenido en el fundamento anterior, el Estado –al momento de sustituirse en la totalidad de los derechos y acciones que corresponden a los pobladores que prestaron dinero y trabajo a las empresas concesionarias de distribución de electricidad y a las prestadoras de servicios de saneamiento–, debe respetar el derecho de propiedad que ostentan los pobladores sobre dichos préstamos.

    Ello, si bien no impide que el Estado pueda compensar su acreencia por los préstamos que hizo con aquellos montos que pueda recuperar como resultado de la sustitución bajo análisis; sí impide que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pueda apropiarse de ingresos superiores al monto prestado por dicha unidad técnica. En consecuencia, el respeto al derecho de propiedad establecido en el artículo 70° de la Constitución Política del Perú, implica que a los pobladores les corresponda la devolución del saldo que pueda resultar a su favor." (F. J. Nº 3)

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    Contribuciones reembolsables
  • Tributos: Principio de no confiscatoriedad

    Fonavi I

    Exp. Nº 00001-1999-PI/TC
    Tributos: Principio de no confiscatoriedad
    "La única posibilidad que tiene la disposición 6.2, antes señalada, para ser constitucional, sería que, al compensarse los activos existentes con los pasivos del FONAVI, estos últimos resulten siendo mayores, o que ambos se encuentren equiparados sin que exista un saldo negativo o positivo. De lo contrario, el Estado, al apropiarse del saldo positivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ya no tendría la obligación de darle a ese saldo el destino predeterminado, fijado en las normas legales, convirtiéndose en confiscatoria tal acción, puesto que se desconocería la consecuencia jurídica en virtud de la cual el Estado consideró válida su actividad recaudadora tomando una parte de las riquezas de los particulares; en otras palabras, se desconocería la finalidad a la que estaba designada la recaudación del FONAVI." (F. J. Nº. 4)


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    Principio de no confiscatoriedad




	    
	
La empresa recurrente solicita que se declaren inaplicables los artículos 48º al 53º del Decreto Legislativo N.º 776 al ser confiscatorios por gravar doblemente una misma actividad comercial, y el artículo 9º inciso a) del Decreto Supremo N.º 095-96-EF, Reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de azar y apuestas, por vulnerar  sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, a la propiedad, a la iniciativa privada, a la no confiscatoriedad de los tributos y al respeto del principio de legalidad. El Tribunal concluye que el reglamento impugnado ha sido emitido excediendo sus límites y en consecuencia declara fundada la demanda en este extremo, más no en los demás extremos en la medida en que las alegaciones de confiscatoriedad  por doble o múltiple imposición no son inconstitucionales por sí mismas y las afectaciones a la propiedad por sumatoria de tributos deben probarse de manera fehaciente.
Extractos:
  • Principio de reserva de ley: Alícuota

    Inversiones Dreams S.A.

    Exp. Nº 02302-2003-AA/TC
    Principio de reserva de ley: Alícuota
    "[Se] deja sin efecto aquellas cobranzas que constan en autos y que hayan sido derivadas de los efectos de la aplicación del inciso a) del artículo 9° del Decreto Supremo 095-96-EF, Reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de azar y apuestas.

    Ello es así, en la medida que la alícuota también forma parte esencial del hecho imponible; debido a que el quantum del impuesto está directamente relacionado con el carácter no confiscatorio del impuesto. Elemento que sólo puede estar regulado de manera clara y precisa en la ley. Lo que no obsta a que el Decreto Supremo pueda complementar al mismo, en el marco, por ejemplo, de topes máximos y mínimos que hubiera establecido la ley o de la forma de determinación del monto." (F.J. N° 37)
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    Alícuota
  • Principio de reserva de ley: Reserva relativa

    Inversiones Dreams S.A.

    Exp. Nº 02302-2003-AA/TC
    Principio de reserva de ley: Reserva relativa
    "Ahora bien, respecto a los alcances de este principio, hemos señalado que la reserva de ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede admitir excepcionalmente derivaciones al Reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley. Asimismo, sostuvimos que el grado de concreción de los elementos esenciales del tributo en la Ley, es máximo cuando regula el hecho imponible y menor cuando se trata de otros elementos; pero, en ningún caso, podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia.

    La regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima observancia del principio de legalidad–, comprende la descripción del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial)." (F.J. N° 35)
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    Reserva relativa
  • Principio de legalidad: Noción

    Inversiones Dreams S.A.

    Exp. Nº 02302-2003-AA/TC
    Principio de legalidad: Noción
    "(...) el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces independientes" (F.J. N° 32)
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    Noción
  • Principio de congruencia judicial: Contenido

    Inversiones Dreams S.A.

    Exp. Nº 02302-2003-AA/TC
    Principio de congruencia judicial: Contenido
    "En efecto, los jueces de primera y segunda instancia han obviado pronunciarse en este extremo. Sobre el particular debe señalarse que la tutela judicial efectiva (artículo 139, inciso 3), no se limita a garantizar el acceso a la jurisdicción, sino también a que los Tribunales resuelvan sobre las pretensiones ante ellos formuladas. Se parte, pues, del principio de congruencia judicial, que exige al juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver." (F.J. N° 30)
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    Contenido
  • Principio de no confiscatoriedad : Sumatoria de tributos

    Inversiones Dreams S.A.

    Exp. Nº 02302-2003-AA/TC
    Principio de no confiscatoriedad : Sumatoria de tributos
    "Ahora bien, ¿se vulnera el principio de no confiscatoriedad de manera automática, si una misma actividad sirve de base para gravar dos impuestos distintos?. La respuesta es negativa. Y es que, la capacidad contributiva de una persona es una sola (cuestión distinta a su expresión en diversas manifestaciones), y todos los tributos que recaen en el mismo contribuyente afectan un mismo patrimonio. En ese sentido, la confiscatoriedad no se configura por si misma si un mismo ingreso económico sirve de base imponible para dos impuestos, sino más bien, en estos casos, lo que deberá analizarse es si, a consecuencia de ello, se ha originado una excesiva presión tributaria sobre el contribuyente, afectando negativamente su patrimonio.

    Para determinar esta afectación excesiva de la propiedad privada, es claro que se requiere de un minucioso examen de la contabilidad de la empresa para establecer si realmente, tal afectación, tiene su origen en la presión tributaria impuesta a su actividad.

    Como se aprecia, y siguiendo lo expuesto en nuestro fundamento 12 supra, las alegaciones de confiscatoriedad sea por un tributo excesivo o por doble o múltiple imposición, no son inconstitucionales por sí mismas; y, en cada caso, su afectación deberá evaluarse dependiendo de la situación económica de cada contribuyente. Es por ello, que no pueden aceptarse como válidas, aquellas afirmaciones del contribuyente, mediante las cuales, se considera exento del pago del impuesto a la renta y de la repartición de utilidades a los trabajadores debido a la doble tributación a los juegos." (FF.JJ. N° 19-20)
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    Sumatoria de tributos
  • Principio de legalidad tributaria: Diferencia con reserva de ley

    Inversiones Dreams S.A.

    Exp. Nº 02302-2003-AA/TC
    Principio de legalidad tributaria: Diferencia con reserva de ley
    "Ahora bien, es bastante frecuente la confusión que existe entre el principio de legalidad y el de reserva de ley.

    Se debe partir de señalar que no existe identidad entre ellos. Así, mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces independientes; la reserva de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias.

    Así, «mientras el Principio de legalidad supone una subordinación del Ejecutivo al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Constitución al Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su papel no se cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora»[4].        

    En materia tributaria, el principio de legalidad implica, pues, que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, debe estar sometida no sólo a las leyes pertinentes, sino, y principalmente, a lo establecido en la Constitución.

    A diferencia de este principio, la reserva de ley significa que el ámbito de la creación, modificación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos queda reservada para ser actuada mediante una ley.  El respeto a la reserva de ley para la producción normativa de tributos tiene como base la fórmula histórica “no taxation without representation” – es decir, que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a contribuir.

    Así, conforme se establece en el artículo 74° de la Constitución, la reserva de ley, es ante todo una cláusula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del Poder Ejecutivo en la imposición de tributos." (FF.JJ N° 32-33)
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    Diferencia con reserva de ley




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