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Mediante proceso de amparo, el recurrente pretende que se deje sin efecto las resoluciones de fechas 1 de junio y 4 de junio de 2001, mediante las cuales se anuló la resolución que confirma el sobreseimiento definitivo de los hechos investigados en la causa Nº. 494-94 (Barrios Altos), así como la que anula la resolución de sobreseimiento definitivo de la Sala de Guerra, por considerar que se viola sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, seguridad jurídica, cosa juzgada, debido proceso y la prohibición de revivir procesos fenecidos.

Ante ello, el Tribunal Constitucional declara INFUNDADA la demanda, pues ni la parte demandada ni los órganos jurisdiccionales han vulnerado los derechos fundamentales de orden procesal que se han alegado con la demanda ni tampoco la libertad personal del recurrente. Asimismo, el colegiado establece que el juez ordinario podrá declarar liminarmente improcedente una demanda de amparo contra una resolución judicial, ya sea cuando de una evaluación de los hechos y el petitorio se infiera que éstos no están referidos a un derecho reconocido en la Ley Fundamental, o cuando habiéndose alegado la lesión de un derecho constitucional procesal, sin embargo, es evidente que el acto reclamado no incide sobre el ámbito constitucionalmente protegido del mismo.


Extractos:
  • Garantías orgánicas: Juez natural/competente

    Santigo Martín Rivas

    EXP. N.° 4587-2004-AA/TC
    Garantías orgánicas: Juez natural/competente
    2.2. Competencia para expedir una sentencia de fondo
     
    13. Frente a casos como el que ahora nos toca decidir, esto es, si pese al rechazo liminar de la demanda este Tribunal podría (o no) dictar una sentencia sobre el fondo, nuestra jurisprudencia es constante, uniforme y consolidada.
     
    14. Si hemos de atenernos a la diferencia que formuláramos en la STC 0569-2003-AC/TC, entre actos procesales defectuosos, inválidos y nulos[7], la aplicación del segundo párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional y, por tanto, la anulación de todo lo actuado tras un indebido rechazo liminar de la demanda sólo podría decretarse tratándose de la eventual formulación de un acto nulo; entendiéndolo como aquel
     
    "(...) que, habiendo comprometido seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser reparados"[8]
     
    15. Desde esta perspectiva, la declaración de invalidez de todo lo actuado sólo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar.
     
    16. Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de a)economía, b)informalidad y c)la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales.
     
    17. a) Por lo que hace al principio de economía procesal, tenemos dicho que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido.
     
    Con ello, no sólo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes.
     
    18. b) Por lo que hace al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal,
     
    "en la sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella[s], o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"[9],
     
    entonces, una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el "(...) logro de los fines de los procesos constitucionales", como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
     
    19. c) Finalmente, y no en menor medida, el rechazo liminar de la demanda tampoco ha impedido que este Tribunal, después de percatarse que los derechos de las partes hayan quedado salvados, expida sentencia sobre el fondo en casos en los que la controversia era de notoria trascendencia nacional y, por tanto, de alcances que trascendían al caso concreto.
     
    20. Así por ejemplo, en la STC 4549-2004-PC/TC, donde después de advertirse lo innecesario que resultaría declarar la nulidad de todo lo actuado, tras el impertinente rechazo liminar de la demanda, el Tribunal afirmó que su competencia para expedir sentencias sobre el fondo obedecía a
     
    "(...) la necesidad de pronunciamiento inmediato justificada en la particular naturaleza de los hechos discutidos en el presente proceso, los que por otra parte y dado que revisten importancia e incidencia en el ordenamiento, precisan ser abordados de maneraprioritaria por este Tribunal en su condición de Supremo Intérprete de la Constitución" (Fund. Jur. Nº. 2).
     
    21. En el caso, como se ha expuesto antes, los jueces de las instancias precedentes debieron admitir la demanda. Y, si bien no lo hicieron, una evaluación de los actuados evidencia:
     
    a) en primer lugar, que existen todos los recaudos necesarios como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; y,
     
    b) en segundo lugar, que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados, quienes fueron notificados[10], y si bien no participaron directamente, sí lo hicieron mediante el procurador público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar[11].
     
    c) por último, es innegable la importancia y trascendencia del caso por las cuestiones que el conlleva, particularmente en lo relativo al cumplimiento de sentencias expedidas por órganos internacionales en materia de derechos humanos y su incidencia en la comprensión y delimitación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a no ser objeto de una doble persecución penal.
     
    Por tanto, este Tribunal es competente para resolver el fondo del asunto.

    Ver extractos de este tema:
    Juez natural/competente
  • Naturaleza de la igualdad: Derecho

    Santigo Martín Rivas

    EXP. N.° 4587-2004-AA/TC
    Naturaleza de la igualdad: Derecho
    3.1. Alegación de violación del derecho de igualdad en la aplicación de la ley
     
    22. El recurrente ha alegado la lesión del derecho de igualdad[12]. Sin embargo, no ha expresado concretamente las razones por las cuales dicho derecho habría sido lesionado, ni acreditado la existencia de un tertium comparationis a partir del cual este Tribunal pueda determinar que el tratamiento realizado con él, al no tener justificación, afecte el derecho alegado.
     
    En efecto, en la STC 0031-2004-AI/TC, este Tribunal sostuvo que
     
    "(...) para plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de personas es preciso que se proponga un tertium comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea suficiente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen [STC N.os 0015-2002-AI; 0183-2002-AA/TC; 0552-2002-AA/TC, entre otras]"[13].

    Ver extractos de este tema:
    Derecho




	    
	
El recurrente interpone demanda de habeas corpus a favor del Sr. Henry Vidal Guevara Huashualdo, contra la Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna y contra los vocales integrantes de la Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de Tacna, con el objeto de que se dejen sin efecto las resoluciones judiciales expedidas por los emplazados, mediante las cuales se le deniega al favorecido la solicitud de excarcelación por exceso de prisión preventiva en el proceso penal que se le sigue; alegando que con ello, se ha vulnerado su derecho al debido proceso y a la debida motivación en conexión con la libertad personal, al no haber tomado en cuenta que cuando se dictó la medida cuestionada ya había transcurrido nueve meses, plazo legal de duración.
Por su parte, el TC, declara INFUNDADA la demanda, ya que el juez penal que dispuso la detención preventiva sí esgrimió justificación suficiente para tal efecto, pues dada la complejidad de la investigación, su duración no era la de nueve meses, sino de dieciocho meses. Sin embargo, acota el TC que en el presente caso constitucional no es aplicable la institución de la prolongación del plazo, como había hecho alusión el juez preparatorio; antes bien, de acuerdo con la dificultad de la causa, la ley establece plazos diversos. Asimismo, sostuvo que la característica de "complejidad" puede surgir tanto desde los inicios de la investigación como en el transcurso de ésta.  
Extractos:
  • Detención preventiva: Provisionalidad

    Henry Vidal Guevara Huashualdo

    EXP. N.° 01014-2011-PHC/TC
    Detención preventiva: Provisionalidad
    2.        El Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial comporta una medida provisional que como última ratio limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado, pues la prisión preventiva es una medida provisional por la que puede optar un juez para asegurar la presencia del inculpado en el proceso y el éxito del proceso penal, en la medida en que legalmente se encuentra justificada cuando existen motivos razonables y proporcionales para su dictado.




    Ver extractos de este tema:
    Provisionalidad
  • Detención preventiva: Prolongación del plazo

    Henry Vidal Guevara Huashualdo

    EXP. N.° 01014-2011-PHC/TC
    Detención preventiva: Prolongación del plazo
    5.- (...)Al respecto: a) en cuanto al caso penal sub materia se tiene un proceso complejo en el que el plazo de la duración de la prisión preventiva se encuentra establecido en 18 meses, contexto en el que resulta importuno el alegato de la supuesta aplicación de la prolongación de la prisión preventiva, que es un instituto procesal distinto que no guarda relación con el caso constitucional de autos; en ese sentido: b) resulta impertinente la motivación de la Resolución de fecha 15 de octubre de 2010, en cuanto argumenta que “la prolongación de la prisión preventiva de 9 meses a 18 meses es automática”; sin embargo, dicha argumentación no termina por invalidarla en tanto la motivación que sustenta la desestimación del pedido de inmediata libertad resulta suficiente en los términos de la Constitución.      


    Ver extractos de este tema:
    Prolongación del plazo
  • Derecho a la motivación: De resoluciones judiciales

    Henry Vidal Guevara Huashualdo

    EXP. N.° 01014-2011-PHC/TC
    Derecho a la motivación: De resoluciones judiciales
    4.        El artículo 139º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites al ejercicio de las funciones asignadas. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, inciso 5, de la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.

    Al respecto, se debe indicar que “[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión” [Cfr. STC N.° 1230-2002-HC/TC, F.J. 14].


    Ver extractos de este tema:
    De resoluciones judiciales




	    
	
Mediante proceso de Hábeas Corpus, el recurrente pretende que se deje sin efecto la resolución de fecha 16 de enero de 2009, que revoca la resolución de fecha 1 de abril del 2008 y dicta el mandato de detención en contra del favorecido en el proceso penal que se le sigue  por el delito contra la libertad –libertad sexual- violación sexual- en agravio de la menor signada con la clave 476-2000. Aduce que se han  vulnerado sus derechos al debido proceso, a la motivación escrita de las resoluciones judiciales, al principio de no ser privado de su derecho de defensa, a la igualdad de derechos, al derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales.  

Ante ello, el Tribunal Constitucional declara FUNDADA la demanda, pues se ha acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales porque a criterio del colegiado, el mandato de detención adolece de una falta de motivación interna de razonamiento con respecto al peligro procesal. Asimismo, los magistrados señalaron las causales que configuran una motivación insuficiente y una falta de motivación en el razonamiento interno.
 

Extractos:
  • Tipos (por objeto): Hábeas corpus contra resoluciones judiciales

    hábeas corpus a favor de don Santiago Rubiños Daga

    EXP. N.° 04950-2009-PHC/TC
    Tipos (por objeto): Hábeas corpus contra resoluciones judiciales
    4.      Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1 que el  hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. Ello implica que los Hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia por esta vía deben necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiendo sido apelada se encuentre pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación.
     





	    
	
Mediante proceso de Hábeas corpus, la recurrente pretende que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 18 de octubre de 2006, que decreta mandato de detención en contra del favorecido, pronunciamiento judicial expedido en la tramitación del proceso penal que se sigue en su contra por el delito de omisión de asistencia familiar (Expediente Nº 02734-2006-0-1501-JR-PE-04). Se alega afectación a los derechos al debido proceso y de defensa.

Ante ello, el Tribunal Constitucional declara IMPROCEDENTE la demanda, pues en el presente caso, se desprende que la resolución judicial cuya nulidad se pretende no fue apelada, por lo que carece de la firmeza exigida en los procesos de la libertad individual; esto es, que se haya agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agraviaría los derechos de la libertad. Por tanto, al no existir una resolución firme, se debe declarar improcedente la demanda de acuerdo con el artículo 5 del código proceso constitucional.
Extractos:
  • Tipos (por objeto): Hábeas corpus contra resoluciones judiciales

    Hábeas Corpus a favor de don Siles Beniamino Mejía Quintanilla

    EXP. N.° 01725-2011-PHC/TC
    Tipos (por objeto): Hábeas corpus contra resoluciones judiciales
    4.      Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1 que el  hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. Ello implica que los Hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia por esta vía deben necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiendo sido apelada se encuentre pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación.
     





	    
	
El recurrente interpone demanda de habeas corpus contra los magistrados integrantes de la Sala Superior Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a fin de que se deje sin efecto la resolución judicial expedida por la sala emplazada, que confirma la resolución de primera instancia mediante la cual se deniega al accionante-imputado la solicitud de cese de presión preventiva. Para el demandante, tal negativa vulnera su derecho a la debida motivación judicial así como el debido proceso en conexión con la libertad personal.
Ante lo mencionado, el TC, declara INFUNDADA la demanda y señala que, de acuerdo con el hilo argumentativo seguido por los demandados en la resolución cuestionada, resulta ser una razón suficiente para rechazar el pedido de cese, el que los presuntos nuevos elementos de convicción (necesarios a efectos de finalizar la detención preventiva) se constituyan principalmente por testimoniales de familiares, que a todas luces no son imparciales y consecuentemente, no son aptos para hacer desaparecer los presupuestos fácticos bajo los cuales se estableció la prisión preventiva, medida ésta que dado su carácter de provisionalidad se encuentra sujeta necesariamente a la máxima “rebus sic stantibus”.
Extractos:
  • Libertad personal : Límites

    Yon Núñez Velásquez

    EXP. N.° 01036-2011-PHC/TC
    Libertad personal : Límites
    2.      El derecho a la libertad personal no es absoluto, pues conforme a lo señalado en el artículo 2.º, inciso 24, ordinal "b", está sujeto a regulación de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es per se inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en cada caso en concreto.


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    Límites
  • Detención preventiva: Provisionalidad

    Yon Núñez Velásquez

    EXP. N.° 01036-2011-PHC/TC
    Detención preventiva: Provisionalidad
    3.      En efecto, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado, pues las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su permanencia o modificación, a lo largo del proceso, estará siempre subordinada a la estabilidad o al cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo que es plenamente posible que alterado el estado sustancial de los presupuestos fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma pueda ser variada, criterio que guarda concordancia con la previsión legal establecida en el último párrafo del artículo 283.° del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.º 957), que señala que “la cesación de la medida [de la prisión preventiva] procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia”.


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    Provisionalidad
  • Detención preventiva: Cese

    Yon Núñez Velásquez

    EXP. N.° 01036-2011-PHC/TC
    Detención preventiva: Cese
    4.      Este Colegiado señaló en la sentencia recaída en el caso Vicente Ignacio Silva Checa, Expediente N.° 1091-2002-HC/TC, que la justicia constitucional no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución el verificar si su imposición es acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha institución. En este sentido, resulta válido que la citada medida se mantenga en tanto persistan los presupuestos que dieron lugar a su dictado, verificación que el juzgador constitucional realiza a partir de los argumentos expuestos en la resolución judicial que se pronuncian al respecto y no valorando la configuración de dichos presupuestos. Por consiguiente, las resoluciones que se pronuncian respecto al pedido de la cesación de la prisión preventiva deben cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales.


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    Cese
  • Derecho a la motivación: De resoluciones judiciales

    Yon Núñez Velásquez

    EXP. N.° 01036-2011-PHC/TC
    Derecho a la motivación: De resoluciones judiciales
    5.      El artículo 139.º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139.°, inciso 5, de la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138.º de la Constitución) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.




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    De resoluciones judiciales
  • Derecho a la motivación: Contenido

    Yon Núñez Velásquez

    EXP. N.° 01036-2011-PHC/TC
    Derecho a la motivación: Contenido
    6.      Al respecto, se debe indicar que “[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión” [Cfr. STC N.° 4107-2004-HC/TC, F.J. 14].


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